En los primeros seis meses del año, se registraron fraudes valorados en más de ¢12 mil millones, según el Organismo de Investigación Judicial. Esta cantidad casi triplica los ¢4.700 millones robados en 2022, sugiriendo que para finales de este año, la cifra podría ser cuatro o cinco veces mayor.
El 2023 ha presentado desafíos sin precedentes para el sector financiero, gravemente afectado por el ciberdelito, incluyendo estafas a los clientes a través de métodos diversos como correos electrónicos engañosos y llamadas telefónicas fraudulentas.
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Ante esta situación, tanto la banca tradicional como las fintechs están desarrollando nuevas estrategias contra la ciberdelincuencia. Proyectos legislativos como la Ley de Ciberseguridad y medidas para imponer sanciones más severas a los delincuentes se ven como un apoyo importante para los clientes y la industria.
Facundo Renzini, gerente de Fiserv en Centroamérica y el Caribe, enfatiza la necesidad de que las instituciones utilicen soluciones especializadas para asegurar sus plataformas digitales y mejorar su competitividad.
Sin embargo, el éxito técnico es limitado sin una conciencia pública sobre la ciberseguridad, ya que muchas estrategias delictivas se basan en la confianza excesiva de los usuarios.
El robo de datos se hace a través de tácticas cada vez más sofisticadas como ingeniería social, suplantación de identidad, phishing y malware. Los ciberdelincuentes a menudo se aprovechan de la provisión voluntaria de datos personales por parte de los usuarios, desde números de identificación hasta contraseñas, a través de enlaces engañosos o manipulación telefónica, lo que continúa siendo una causa principal de delitos cibernéticos.
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