El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha mostrado su determinación de continuar la lucha contra las pandillas que aterrorizan al país. En una nueva operación militar, se ha anunciado la implementación de un cerco militar en una zona del centro del país para restringir la movilidad de los miembros de las pandillas y cortar sus cadenas de suministro. El operativo, dirigido específicamente contra las llamadas maras, en el departamento de Cabañas, ha movilizado a 7.000 militares y 1.000 policías fuertemente armados.
(c)stockphotos.com
Desde marzo de 2022, El Salvador ha justificado su controvertida guerra contra las maras bajo el argumento de combatir la violencia. Sin embargo, esta estrategia ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, que denuncian abusos y violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El régimen de excepción impuesto durante esta guerra permite al Ejecutivo actuar con amplios poderes contra los grupos criminales, pero también suspende las garantías constitucionales de los ciudadanos. Esto ha resultado en la detención arbitraria de más de 70.000 personas sin pruebas que demuestren su vinculación con actividades delictivas.
Las críticas de diversos sectores, incluida la Iglesia Católica, se han intensificado debido a los informes de uso desproporcionado de la fuerza contra civiles, torturas, desapariciones y la muerte de detenidos bajo custodia. Además, se ha denunciado censura y persecución contra voces críticas.
El enfoque militarizado adoptado por el gobierno ha polarizado a la sociedad salvadoreña y ha generado dudas sobre la efectividad a largo plazo de la estrategia. Mientras algunos apoyan las medidas enérgicas para combatir la violencia, otros argumentan que los abusos y la suspensión de derechos fundamentales erosionan la democracia y el Estado de derecho.
