El gobierno dirigido por Daniel Ortega en Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, habría cancelado y decomisado los bienes de la escuela de negocios INCAE, argumentando incumplimiento de leyes reguladoras. Este centro, con sede cerca de Managua, fungió como punto de encuentro para negociaciones en 2019 con la participación del Vaticano y la OEA, en un intento por resolver la crisis del país iniciada en 2018.
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La decisión oficial se basaría en la ausencia de presentación de estados financieros para los años 2020-2022 y supuestas inconsistencias en los registros financieros del periodo 2015-2019. También se le acusa de no cumplir con ciertos requisitos legales y de no promover políticas de transparencia en su gestión.
En lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles del INCAE, el Ministerio de Gobernación habría ordenado a la Procuraduría General de la República traspasarlos a nombre del Estado de Nicaragua, lo que le permitirá hacerse con el control de su sede.
Según la ONU, estas acciones se enmarcarían dentro de una represión más amplia por parte del gobierno, que ha cerrado numerosas organizaciones y medios de comunicación desde las protestas de 2018.
El INCAE cuenta con sedes en Costa Rica y Nicaragua.
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